Crítica al Plan de Choque por el Empleo PSOE-Ciudadanos

Un punto central del pacto PSOE-C´s es lo que llaman Plan de Choque por el Empleo y la Inserción laboral. No es extraño, si tomamos en cuenta que, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de enero, los ciudadanos perciben el paro y la mala calidad del empleo como primer problema de nuestro país.

El Plan parte de un diagnóstico del mercado de trabajo y las políticas activas de empleo en línea con los  realizados por el CES y la OCDE y otras instituciones similares. Señala la alta tasa de temporalidad (solo uno de cada diez contratos realizados en 2015 es fijo), el despilfarro en ineficaces bonificaciones y subvenciones a las empresas (hay más de 70 modalidades de bonificación que en 2016 costarán al Estado alrededor de 5.720 millones de euros), la escasa oferta de formación para desempleados (apenas un 6% accede a los cursos), el bajo nivel de cualificación de la población activa y el casi inexistente sistema de orientación profesional.

Desde nuestro punto de vista, es un acierto dedicar a mejorar la situación de los desempleados los enormes recursos que se han estado transfiriendo a las empresas por la vía de las bonificaciones, ayudas y subvenciones. Sin embargo, los principios generales que inspiran el Plan, son idénticos a los que ha utilizado el Partido Popular durante los últimos cuatro años para justificar sus políticas: evaluación permanente, colaboración público-privada, concurrencia competitiva, personalización de los servicios de orientación y cheque formación.

Se trata de enunciados tan ambiguos que pueden albergar iniciativas muy distintas, pero que, en general, se han venido utilizando como marco narrativo de políticas neoliberales. Así, la colaboración público-privada y la concurrencia competitiva significan, en la práctica, ofrecer a la iniciativa privada la gestión de los servicios públicos “rentables”. En cuanto a la personalización de la orientación laboral significa convertir el problema social del paro en un problema individual del parado, condenado a prever las necesidades de las empresas y adaptarse a ellas para que le contraten. La evaluación permanente consiste, con demasiada frecuencia, en utilizar la estadística para justificar decisiones ya tomadas. 

Por lo demás, el documento incluye una amalgama de medidas con distintos grados de novedad y desigual desarrollo. Repasamos, someramente, las más relevantes:

1. Perfilado estadístico de los desempleados y cheque formación. La ley 30/2015 ya contempla la creación de un sistema integrado de información que permita obtener el perfil competencial de cada desempleado, para adaptar los servicios de formación y orientación a sus características individuales. Así mismo propone conceder a los desempleados un cheque formación que el usuario entregaría al proveedor de formación (privado) elegido.

 Por lo tanto, estas medidas no son nuevas. De hecho, casi todos los gobiernos de los últimos años han sido víctimas de una especie de falsa creencia, según la cual los desajustes entre las cualificaciones que demandan las empresas y las que ofrecen los trabajadores, en gran medida, son el resultado de falta de información y se podrían atenuar, e incluso resolver, con una herramienta informativa capaz de integrar y ordenar todos los datos del mercado.  Obviamente, tener información es necesario, pero es dudoso que, por sí sola, pueda arreglar desajustes que dependen del modelo económico.

El cheque formación es una de las propuestas estrella de Ciudadanos. Se trata de una iniciativa que plasma dos principios liberales: el de que la formación debe ser tratada como una mercancía y el de que las decisiones individuales, en un contexto de mercado, son más acertadas que las decisiones colectivas.

El cheque formación resulta atractivo para muchos ciudadanos, porque se vende apelando a la libertad individual de elección y a la eliminación de barreras burocráticas en la asignación de los fondos. Por supuesto, se puede conseguir la misma libertad de elección construyendo una oferta pública suficientemente amplia, pero esa no parece ser la cuestión.

De otra parte, tampoco se toman en cuenta las experiencias europeas en la aplicación del cheque formación, que demuestran que contribuye a incrementar la desigualdad, pues son las personas con mejor posición económica y nivel educativo las que lo usan. En casos como el de Inglaterra, el experimento se saldó con la retirada del cheque, ante los numerosos fraudes detectados durante su primer año de aplicación.

2. Reforma de la Formación Profesional Reglada y para el empleo. Tampoco es nuevo proponer la creación de un grupo de trabajo para la reforma de la formación profesional reglada. Lo que sí resulta original es anticipar las conclusiones de ese grupo, indicando que debe contemplar “medidas de fomento para las medianas y grandes empresas, destinadas a lograr su cooperación y compromiso con la formación profesional de personas ajenas a sus propios trabajadores o aspirantes a serlo”.

La idea de que grandes empresas contribuyan a formar a los trabajadores de PYMES con menor desarrollo tecnológico es interesante, pero no es ni de lejos suficiente para articular la revisión de todo el sistema de Formación Profesional. Tampoco debería otorgarse a las grandes empresas y sus representantes un papel preeminente en la discusión de las políticas de educación y formación. En primer lugar, porque la formación de los trabajadores ocupados es materia laboral y debe estar vinculada con la negociación colectiva En segundo, porque las carencias de formación más importantes se dan en las Pymes.

3. Formación de Mayores de 45 años: Las medidas que se centran, casi en exclusiva, en variables como la edad, tienen la virtud política de parecer igualitarias, pues todo el mundo es susceptible de acceder o haber accedido a ellas en algún momento. Sin embargo, en la práctica, acentúan la desigualdad, al no tener en cuenta aspectos como el género, el origen socioeconómico, la categoría profesional, o el nivel educativo, que influyen, tanto o más que la edad, en la situación laboral.

Estamos de acuerdo, por lo tanto, en aumentar las medidas destinadas a los mayores de 45 años siempre que se tengan en cuenta el resto de las circunstancias sociolaborales que influyen en el empleo y no se ofrezcan los mismos servicios y se destinen los mismos recursos a personas con una situación diferente.

De los dos programas previstos para este colectivo, el más novedoso es destinado a trabajadores ocupados. Consiste en dar una ayuda (renta de recualificación) a las personas con mucha antigüedad en la empresa, que sigan un proceso de formación para el reciclaje profesional. Las empresas se comprometerían a reservarles el puesto de trabajo.

Debemos señalar que, tras la última reforma laboral, el trabajador tiene derecho a la formación necesaria para su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo. Esta formación se realizará con cargo a la empresa y en jornada laboral. Por lo tanto, no debe ser financiada con fondos del Estado. Desde este punto de vista, a falta de conocer los detalles, la propuesta no sería aceptable. Además, parece muy poco adaptada a las necesidades de las PYMES, donde se encuentran las personas con más dificultades para el mantenimiento del empleo.

4.  Plan para la adquisición de competencias básicas para el empleo.” El plan iría destinado a otorgar una certificación a quienes no han alcanzado un nivel educativo básico, con una partida presupuestaria propia y un diseño de incentivos que fomente el aprendizaje permanente entre los adultos. En cuanto a los jóvenes, se trata de que tengan la posibilidad de acreditarse en competencias clave de nivel 2, imprescindibles para optar a la especialización formativa, en un plazo de 6 meses. El programa se desarrollará con la suma de tres acciones: oferta pública de cursos de competencias clave de nivel 2, elaboración de un dispositivo de formación a distancia para realizar estos cursos;realización masiva de pruebas de acreditación de las competencias clave”.Es crucial aumentar el nivel de cualificación de la población activa, sin embargo la modalidad a distancia no es la más adecuada. Los potenciales alumnos de los cursos de competencias clave son personas que no obtuvieron el título de ESO y necesitan un apoyo adicional que no se obtienen con esta modalidad didáctica.

5. Medidas específicas para parados de larga duración Se propone aumentar el presupuesto del Programa Prepara (destinado a personas que han agotado todas sus prestaciones) y mantener la ayuda (que se llamará renta de reinserción) durante el tiempo necesario para que la persona reingrese en el mercado de trabajo, en vez de durante los seis meses actuales.

Además, el Plan plantea subvencionar la contratación de estas personas en determinados supuestos. Se vuelve pues a la denostada receta de las bonificaciones pero, en este caso, para compensar los costes de formación que va a tener la empresa. Da la impresión de que se quiere extender el contrato para la formación y el aprendizaje a trabajadores de cualquier edad, lo cual sería totalmente equivocado, pues supondría extender la precariedad.

A veces, tan importante como lo que se dice, es lo que se calla. En estas propuestas se echan de menos tres grandes temas: La creación de una oferta pública de calidad en formación para el empleo, pues la oferta privada actual presenta serias lagunas de variedad, calidad y eficacia. La participación de los agentes sociales en la redefinición de la formación profesional y, en particular, siguiendo el modelo alemán, en la administración de la formación dual y, por último, el establecimiento de medidas para regular la situación de los becarios y aprendices, un colectivo cada vez más numeroso que necesita urgentemente que se garanticen sus derechos laborales.

Irene Albertos, Esther Gómez y Yolanda Ponce

 

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